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El sentido de la adopción de medidas cautelares para garantizar la deuda tributaria


Una sociedad mercantil realiza una serie de operaciones en su ejercicio fiscal, resultando de la misma unas deducciones que minoran la factura fiscal que debería haberse pagado.

Años mas tarde, sufre y tras un procedimiento inspector por ese determinado concepto de ese concreto ejercicio que culmina con una Propuesta de Liquidación de mayor cuota tributaria a ingresar. La Administración considera que la autoliquidación realizada por la mercantil no evidencia ningún tipo de comisión de infracción administrativa, conducta de fraude de ley o simuladora.

Posteriormente, sin haberse dictado acto administrativo de liquidación definitiva, la mercantil, recibe notificación tanto del Acuerdo de Adopción de Medidas Cautelares, así como de las oportunas Diligencias de Embargo Cautelar, por lo que se practican anotaciones preventivas de embargo sobre inmuebles de la mercantil.

¿Y todo esto por qué?

Pues bien, dicho acto administrativo se caracteriza por su arbitrariedad, básicamente por que la Administración Tributaria, no motiva en absoluto el "periculum in mora", presume la comisión futura de un delito, y aduce una serie de motivos que considera legítimos para adoptar las medidas cautelares cuando, dichos motivos no tienen en este caso nada que ver con una causa licita, de acuerdo con las medidas adoptadas para la prevención del cumplimiento de pago futuro.

A tenor de lo establecido en el Artículo 81 de la Ley General Tributaria se entiende que, para poder adoptar válidamente cualquier medida cautelar tributaria, se hace previamente necesario que existan indicios racionales de que, en otro caso, el cobro fiscal se vería frustrado o gravemente dificultado, y que dichas medidas deben ser proporcionadas al daño a evitar en la cuantía estrictamente necesaria para el aseguramiento de cobro de la deuda fiscal y no deben produzcan graves perjuicios de difícil reparación. Asimismo, el precepto legal permite que dichas medidas sean adoptadas aun cuando no exista todavía deuda tributaria liquidada (como es el caso, ya que dichas actas están pendientes del acuerdo final de la oficina técnica) siempre y cuando se haya comunicado propuesta de liquidación en el seno de un procedimiento de inspección, como así ha ocurrido.

La Administración Tributaria en este caso, decide realizar el embargo preventivo pues considera las cantidades a pagar por la mercantil, como firmes, y en base a la estructura empresarial de la misma pueda esta cometer delito de alzamiento de bienes. Acto que no se entiende, pues en este caso, no concurren hechos racionales, que puedan hacer pensar que la mercantil pueda evitar pagar su deuda con la Oficina de Recaudación. Por todo ello la medida cautelar en este caso tomada por la Administración se consideraría nula de pleno derecho.

La falta de proporcionalidad de las medidas, sin proceder a la valoración de los inmuebles afectados en este caso, así como su relación con la presunta deuda, no puede ser admisible en ninguno de los casos, llegando a originar perjuicios a la mercantil, pues cuando se produce anotación preventiva de embargo con carga hipotecaria mínima, la mercantil se vería inmersa en un proceso ante órganos revisores, para proceder a solicitar suspensión de dicha medida, eso si, mediante caución bancaria, como garantía. ¿Que banco avala hoy en día a una mercantil cuando todas sus propiedades están "embargadas" por Hacienda?

Por todo ello lo expuesto en este articulo, nos preguntamos; ¿Estamos ante un sistema garantista?¿Se deben modificar los criterios interpretativos de Hacienda?