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Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y su futuro


Por todos es conocida ya la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, del 11 de mayo de 2017, respecto de la cuestión de inconstitucionalidad n° 4864/2016 promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz) en relación con el artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, RDL 2/2004 de 5 de marzo. Publicada en el BOE el siguiente 15 de junio de 2017 y en palabras del mismo Tribunal Constitucional en su Nota Informativa nº 32/2017, de 17 de mayo de 2017, el TC declaró inconstitucional y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la Ley antes mencionada, pero sólo "en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor".

En estas líneas, y sin que sirva de posicionamiento en un sentido u otro, se pretende poner sobre la mesa algunos aspectos o cuestiones que, quizá por lo ansiado del pronunciamiento del TC sobre aspectos de la ley de este tributo, han quedado relegados a un discreto segundo plano, pero que son dignos de consideración.

Y el primero de ellos, por evidente que parezca, es que el TC no ha declarado inconstitucional (ni por tanto nulo) el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Es decir, que el impuesto de plusvalía municipal es constitucional y no ha sido anulado, lo cual es digno de mención y recordatorio sobretodo entre aquellos que en el ámbito tributario suelen caen en la trampa del "correveydile" fiscal, aceptando por ciertas las opiniones de terceros, cuando el máximo intérpreta de la Constitucional Española se ha expresado claramente: el Impuesto es constitucional, es legal y no es nulo.

Pero como en el derecho tributario siempre suelen haber "una de cal y otra de arena", también es cierto que el legislador está considerando ciertamente la posibilidad de que se sometan a tributación en el impuesto que nos ocupa aquellas plusvalías que se hayan devengado en periodos inferiores a un año, las cuales hasta la fecha se encontraban no sujetas a tributación. Por tanto, mucha atención a las ventas de bienes inmuebles en el año natural X que fueron adquiridos por transmisión mortis causa o intervivos, herencia o donación, en el mismo año natural X pero unos meses antes.

Por otra parte, el TC ha especificado la nulidad de los artículos citados de la LRHL en la medida que no han previsto excluir del tributo situaciones que no manifiestan capacidad económica ya que no ha existido incremento de valor. Lo cual nos lleva a plantear algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo ¿de qué forma va a entender el legislador probada la inexistencia de incremento de valor como muestra de no haber capacidad económica gravable?. A este respecto, existen sentencias, como la del Tribunal Superior de Justicia de Valencia nº 520/2016, de 14 de septiembre de 2016, en las que se aceptan las escrituras públicas de compra y venta de un inmueble como medios de prueba de los cuales "se desprende indirectamente el menor valor del inmueble en el momento de la transmisión al de la adqusición". E igualmente, no son pocos los que intervienen en el mercado inmobiliario para comprar o vender bienes tasados en determinados precios con informes periciales actualizados. Con lo cual, en este aspecto la diversidad de opiniones está servida.

En otro orden de cosas, si se atiende a la literalidad estricta de la sentencia del TC y nos centramos en devengos del impuesto posteriores al 15 de junio de 2017, fecha en que se publicó en BOE la misma, nos tenemos que enfrentar al siguiente dilema: ¿qué hace un contribuyente que vende hoy un inmueble urbano por un precio inferior a aquel por el que lo compró, si cuenta con medios de prueba de esa inexistencia de incremento de valor? La respuesta puede ser tan variada como ayuntamientos con ordenanza fiscal reguladora de este tributo haya en España, puesto que algunos entes locales ya han tomado medidas jurídicas para las plusvalías generadas sin incremento de valor en la venta. Pero mientras tanto el ayuntamiento "de al lado" puede seguir girando liquidaciones de plusvalía cuando no ha existido manifiestación de capacidad económica gravable, porque ni el contribuyente ni el legislador han dicho nada en contra; siendo esta la situación mayoritaria en este periodo de incertidumbre entre la nulidad de los preceptos según dispone el TC y los necesarios cambios que debe hacer el legislador en la LRHL para confirgurarla de acuerdo con la sentencia del TC.

Para terminar, unas líneas en memoria de aquellos que han visto con alegría y satisfacción incompletas la sentencia del TC porque no entra a analizar si el método del cálculo del Impuesto de plusvalía se hace correctamente o no con arreglo al espíritu o esencia que parece haber detrás de la misma: evitar grabar situaciones que contravengan el principio constitucional de capacidad económica. Quizá no era el momento preciso para que el TC entrara al fondo de la cuestión, pero no es menos cierto que el cálculo del impuesto toma como referencia el valor catastral del suelo en la fecha de transmisión del inmueble (hoy), cuando quizá sería más acorde con el gravamen según el principio de capacidad económica emplear el valor catastral del inmueble (o similar) en la fecha de su adquisición (hace x años); lo cual parece que encaja mejor en la misma naturaleza del impuesto, puesto que el gravamen del incremento de valor de un terreno urbano parece más lógico obtenerlo en base al valor original (el de adquisición hace x años) y actualizarlo por coeficientes según el transcurso de esos mismos x años.

Como conclusión, parece que no tardará mucho en llegar la modificación del legislador de los artículos de la LRHL afectados por la sentencia del TC. Pero frente a ese cambio necesario, vemos también como se puede "aprovechar la oportunidad" para someter a tributación supuestos no sujetos anteriormente; donde "hay una de cal, siempre hay otra de arena". Y mientras tanto, hay que armarse de paciencia y de documentación: de paciencia, para esperar los cambios que lleguen del legislador; y de documentación, para conservar las escrituras de compra y venta o pensar si pedirmos informes de tasador que valoren los inmuebles. Pero hay que se optimisitas, pacientes y sobretodo agradecidos con aquel/aquella contribuyente de Jerez de la Frontera que inició la litigación judicial hasta llegar a esta sentencia del TC de la que se beneficiarán (o nos beneficiaremos) muchos.