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Se anulan tres apartados del Reglamento de Operaciones Vinculadas


Los apartados anulados tratan el cálculo de la tributación y el derecho del contribuyente a recurrir.

Las operaciones vinculadas deben ser valoradas a valor de mercado, es decir, al valor que hubieran acordado partes independientes. Si la operación vinculada se contabiliza desconociendo el valor de mercado, procede un ajuste primario y un ajuste secundario, con los cuales se persigue reajustar el valor convenido por las partes vinculadas al valor de mercado y hacer tributar las rentas que se hayan puesto de manifiesto.

El fallo del Supremo implica que en el caso del ajuste secundario, la Administración tendrá que probar la naturaleza de las rentas.

Los preceptos cuestionados por el Supremo, fueron diseñados en su momento por el Gobierno para evitar que las empresas pacten los precios de sus operaciones fuera de mercado y rebajen la tributación. La norma exige la aportación de documentación bajo amenaza de sanciones tanto para multinacionales como para pymes.

Pues bien, la reforma fiscal, intenta unificar las normas aplicables a operaciones vinculadas, estableciendo que existirá influencia significativa cuando la participación supere el 20%, y simplifica las obligaciones de documentación.

En conclusión, el Tribunal falla a favor de la anulación de los siguientes artículos:

  1. Ultimo inciso del artículo 21.2 del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que establece: "Si, por no existir acuerdo entre las distintas partes o entidades vinculadas se simultanearan ambas vías de revisión, se tramitará el recurso o reclamación presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo o ulterior."
  2. Artículo 21 bis 2. a) párrafo segundo del mismo texto legal que proclama: "La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, para la entidad tendrá la consideración de retribución de los fondos propios, y para el socio o partícipe de utilidad percibida de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1 d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.".
  3. Artículo 21 bis 2. b) párrafo segundo del mismo texto legal que dispone: "La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, tendrá la consideración de renta para la entidad, y de liberalidad para el socio o partícipe. Cuando se trate de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes sin establecimiento permanente, la renta se considerará como ganancia patrimonial de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.1 i).4° del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.".

Del mismo modo, existe nuevo criterio de vinculación, El poder de decisión.

  • Elevándose al 25% (antes 5%) el grado de participación en la relación socio-sociedad para entender que existe vinculación.
  • Se introduce el "poder de decisión" como nuevo supuesto de vinculación. Se entiende en relación a un control mas ligado a la existencia del grupo mercantil. Por lo que no es razonable que situaciones en las que claramente una entidad o persona que dirigía los destinos y/o tomaba las decisiones más relevantes de otra entidad, quede fuera del perímetro a efectos de operaciones vinculadas por no existir participación ni grupo.
  • Inclusión de la figura del administrador de hecho. Con la nueva reforma, se atenderá a responsabilizar, a aquellos administradores de facto.