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Queda aprobado el decreto de gestión de la incapacidad temporal


¿Esto en que se traduce? Cuando un trabajador asalariado se pone enfermo y no puede trabajar, tiene derecho a percibir un subsidio que es la prestación por incapacidad temporal. Los tres primeros días no cobra nada (salvo que se pacte una mejora en el convenio), del cuarto al decimoquinto día inclusive lo paga la empresa, y desde el decimosexto día lo abona la mutua, que se nutre de las cotizaciones por este concepto.

Ley de mutuas y la gestión de la incapacidad temporal

El anteproyecto de ley, realiza una serie de cambios que pasamos a detallar:

  • Reducción de 15 a 5 días el plazo de que dispone el médico de atención primaria para contestar a las propuestas de alta que presenten las mutuas. Si la deniega o no contesta, la mutua podrá reclamar a la inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que tendrá cuatro días para decidir si procede dar el alta o no.
  • Intervención desde el primer día de baja en el control de las mismas. Practicando realización de pruebas diagnosticas y tratamientos oportunos y necesarios para el alta, previa autorización del medico del sistema publico y con consentimiento del paciente.
  • Las propuestas de alta de las mutuas serán comunicadas a la empresa y al trabajador. Las mutuas tendrán más capacidad de intervención en las bajas médicas y los partes no tendrán que confirmarse cada semana.
  • Regulación del control y de las remuneraciones de los directivos de las mutuas. Se incluye la participación de los agentes sociales, así como de las asociaciones de trabajadores autónomos, en las Comisiones de Control y Seguimiento. Se limitan las retribuciones de los directores gerentes de las mutuas a las que cobran los presidentes de entidades del sector público empresarial.
  • Los cargos ejecutivos o de control de las mutuas no podrán comprar ni vender activos a las mismas ni celebrar contratos de obras o servicios, salvo empresas de servicios financieros o suministros esenciales, que tendrán que contar con autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
  • Desvinculación de servicios de prevención de riesgos laborales.
  • Regulación del cese de actividad de los autónomos. Se mantiene el carácter voluntario de acceso a esta prestación. Por lo tanto, cada autónomo podrá decidir si quiere cotizar para tener derecho a una prestación si cesa en su trabajo.
  • Eliminado la obligatoriedad de que los autónomos coticen por contingencias profesionales. Ambas cotizaciones irán de forma independiente y voluntaria.
  • Suavizan las condiciones para determinar el cese de actividad y poder cobrar la prestación: Se exigirá demostración de perdidas del 10%. Y bastará su contabilidad o una declaración jurada para demostrar las circunstancias económicas. En un plazo de 5 años, el Gobierno elabora un informe valorando el sistema de protección a los autónomos, decidiendo en función de esto, si la cotización por cese de actividad se convierte en obligatoria o considera su voluntariedad.